Foto cortesía FGR.
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador envió a instrucción formal con medidas sustitutivas contra el tesorero municipal de la Alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, acusado de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de 45 empleados de dicha comuna.
La audiencia se realizó este jueves, en la que se ordenó que el imputado fuera puesto en libertad bajo medidas preventivas, detalló un reporte de Centros Judiciales.
En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó decretar medidas a favor de Portillo y el juez ordenó que el imputado se presente cada 30 días ante el Juzgado. Además, no deberá salir del país, así como permanecer en el mismo domicilio y pagar una caución económica de 10 mil dólares.
Según el requerimiento, desde el período del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre del presente año, la alcaldía adeuda 678 mil 684 dólares con 67 centavos a las AFP Crecer y Confía; además, éste monto podría incrementar según el resultado de auditoría contable que se realice.
Fiscal del caso afirma que el monto asciende a más de 670 mil dólares, provenientes de descuentos a los empleados y no entregado a las administradoras de fondos de pensiones, seguridad social y entidades financieras. pic.twitter.com/oNAcuJjJHN
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 22, 2020
Antes de la audiencia, la fiscal del caso aclaró que el delito se le atribuye al tesorero debido a que en el artículo 245 del Código Penal, establece que quien comete el delito es el empleador, el pagador o la persona que tienen la responsabilidad de hacer las retenciones de ley.
Además argumentó que para determinar quién tiene la calidad de imputado se verificó la Ley AFI, el Código Municipal y el Manual de Descripción de Puestos de la Alcaldía capitalina. Por ello se acusó al tesorero por ser la persona encargada de hacer las retenciones y enterarlas a las instituciones.
Al finalizar la audiencia el abogado querellante, Miguel Ángel Flores Durel, expresó que el aviso que interpusieron ante la FGR no fue en contra del tesorero sino contra el alcalde municipal y por los delitos de malversación, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes; pero, en ningún momento les notificaron una decisión de no judicializarlo.
