La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa superar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, debido a que este veto resta autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y propicia el aumento […]
La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa superar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, debido a que este veto resta autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y propicia el aumento de la impunidad en el país.
La reforma al artículo 70 permitiría que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudiera gozar de autonomía respecto a la FGR.
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Jorge Cortez, afirmó que con este veto la UIF dejaría de pertenecer al Grupo Egmont, organismo que reúne a las unidades de investigación financiera de más de 156 países en el mundo.
Fue debido al mal uso que hizo el expresidente de la República, Mauricio Funes, de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que el Grupo Egmont recomendó al país reformar el artículo 70, el cual ubica al Fiscal General como director de la UIF.
«El referido organismo internacional (Grupo Egmont) emitió advertencia de suspensión de membrecía para la UIF de El Salvador, respecto de continuar como miembro, lo que ha conllevado limitar el acceso a la información a otros países», afirmó la FGR en un comunicado.
Jorge Cortez ha afirmado que dicha reforma al artículo 70 no le resta atribuciones constitucionales al Fiscal General, como argumentó el presidente Sánchez Cerén al vetar la medida.
De igual forma, Cortez recordó que actualmente El Salvador está en proceso de cumplimiento de la sanción impuesta por la divulgación que hizo Mauricio Funes del ROS durante uno de sus programas radiales para beneficiar al FMLN en la campaña electoral de 2014.
Dicho ROS habría sido sustraído por un fiscal y entregado al presidente Funes para su divulgación, pero eso es algo que el actual fiscal general Douglas Meléndez se ha negado a investigar.
