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El denominado Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentó esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, un informe en el que abogan por los derechos humanos y exigen la liberación de los pandilleros capturados en El Salvador entre marzo de 2022 y marzo de 2026, durante el régimen de excepción.
En el informe, además de defender los derechos de los criminales por sobre los de la población honrada, los «expertos» exigen la liberación de los más de 90,000 pandilleros y colaboradores capturados durante la implementación de la medida de seguridad, a pesar de ser acusados de acabar con al vida de miles de salvadoreños.
Además, los “expertos” también acusan al Gobierno de Nayib Bukele por supuestamente cometer crímenes de lesa humanidad por violaciones a los derechos humanos como asesinatos, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas durante el régimen de excepción.
Ante la presentación del informe, el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas son tipificados como delitos de lesa humanidad, y que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 fue un genocidio, «cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños».
Ulloa remarcó que dichos crímenes no prescriben en el tiempo, razón por la cual deberían ser juzgados. «El genocidio salvadoreño del siglo XXI es omitido como delito de lesa humanidad por juristas, expertos, medios de comunicación y ONG financiadas por [George] Soros. ¿Deberían las Naciones Unidas investigarlo de oficio?», expresó Ulloa.