El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, confirmó que el Fiscal General, Douglas Meléndez, podría incurrir en delitos en su papel al frente del Ministerio Público.
Dichos actos irregulares serían negligencia e incumplimiento de deberes.
Así lo afirmó en declaraciones brindadas a un periodista del canal Gentevé quien preguntó si en el caso del ex presidente Francisco Flores, la Fiscalía no cumplió con los plazos otorgados por la Cámara Segunda de lo Penal, podría incurrir en delito.
«Si, así es. Si no se respetan los procesos judiciales puede haber cualquier falla» indicó el Dr. Pineda Navas, sobre la posible omisión de responsabilidades por parte de Meléndez.
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Esto se genera luego de que dicha Cámara declarara libre de responsabilidad a la familia del fallecido ex mandatario por incumplir el plazo otorgado para presentar pruebas tras apelar al fallo del Juzgado Quinto de Sentencia.
El tribunal ya había absuelto a la familia de Flores sobre la responsabilidad civil de devolver dinero presuntamente sustraído del Estado, el cual había ingresado en concepto de donativo.
Específicamente, el ex presidente fue procesado por el desvío de $15 millones donados por el gobierno de Taiwán, y los cuales podrían haber llegado a cuentas personales, familiares o institucionales, entre las que se mencionan al partido al que pertenecía.
Absuelven a Francisco Flores y su familia por incumplimiento de plazo de la FGR
De tal forma, que al irrespetar los «procesos judiciales», como lo mencionó el presidente de la CSJ, se estaría incurriendo en el incumplimiento o negligencia.
La Fiscalía presentó la apelación sobre la decisión del Juzgado Quinto de Sentencia en torno al caso Flores, pero no presentó las pruebas necesarias, como lo establece la normativa.
«Cuando el recurrente intente producir prueba en la segunda instancia, la ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar», establece.
En conferencia de presa, fuentes judiciales sostuvieron que entre las razones por las que la Cámara Segunda de lo Penal declaró inadmisible la apelación de la FGR fue por incumplimiento de los plazos.
Además, que la FGR no validó los documentos obtenidos de la Embajada de Taiwán que fueron presentados en el juicio, ya que no fueron autenticados por un cónsul, de forma que las pruebas eran «ilegales».
