Tomado de la Noticia SV.
De igual manera que ocurrió previamente con otros jueces que fueron removidos de sus cargos por no cumplir con los criterios de cumplimiento legal y objeto de sus cargos y que fueron ubicados en el radar de acciones de comprometida transparencia, ahora se encuentra en el ojo de la polémica, la jueza Edelmira Violeta Flores Orellana, a cargo del Tribunal Segundo de Instrucción de la capital, que ostenta desde el 06 de enero del año 2003. Sin embargo, durante los últimos años es que ha tenido a cargo casos complejos, donde sus decisiones a la vista de parte de la comunidad jurídica, son cuestionables y han reproducido impunidad. Especialmente, se trata de los casos de “Financiamiento a las Pandillas”, “Fondos de Taiwán” y recientemente le ha sido asignado el de “ASOCAMBIO”.
Una fuente judicial, que habló con este medio bajo reserva de identidad, realizó un análisis puntual de cada uno de esos casos y cómo las actuaciones judiciales de la licenciada Flores Orellana pueden considerar como mínimo cuestionables y en todo caso ilegales y en beneficio de sectores de poder económico y estructuras políticas que antes ostentaron el poder y control del país.
POLÍTICOS DE ARENA Y FMLN FINANCIANDO PANDILLAS POR FAVORES ELECTORALES
Este caso se fundamenta según la tesis fiscal en que varios testigos vinculan a funcionarios y políticos de los partidos ARENA y FMLN con la compra de votos a “las maras” en la elección presidencial 2014 y legislativa 2015. Dentro de los acusados se encuentran el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (ARENA); el exministro de Gobernación Aristides Valencia y el exministro de Seguridad, Benito Lara, ambos del partido FMLN; así como Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado.
El caso fue asignado a la juez Flores Orellana, dando por iniciada la etapa de instrucción que debía finalizar el 19 de diciembre del año pasado; no obstante, y estando tan cerca el periodo electoral en el que competiría por continuar en la silla edilicia Muyshondt, por consenso de fiscalía y la mencionada jueza, el caso se prorrogó por seis meses, cabiendo recordar que en ese momento la institución fiscal era dirigida por el destituido Raúl Melara. Si bien es cierto, es una posibilidad legal la de ampliar el plazo de instrucción, en este caso se hizo, a pesar que el expediente judicial no tuvo durante esa prórroga, mayores ampliaciones. Fue a partir de la sustitución de Raúl Melara, que con el cambio de fiscal general se dieron avances sustanciales en el caso, hasta que finalmente el 24 de junio del presente año se presentó el Dictamen de Acusación.
Sin embargo, a la fecha habiendo transcurrido más de cinco meses de haberse presentado la acusación, la jueza sigue sin realizar la audiencia preliminar. Durante este tiempo permitió la fuga de Aristides Valencia, ya que nunca le impuso restricción migratoria y no quiso ordenar la prisión preventiva contra Benito Lara y Paolo Lüers, este último incluso confesó ante la comisión de antejuicio de Quijano haber realizado los hechos por los que se le acusa.
CASO “FONDOS DE TAIWÁN”
Al contrario, del caso del pacto contra las pandillas, donde la jueza ha dejado que el proceso siga sin celebrarse audiencia preliminar, en el caso de la reclamación civil por delito de lavado de dinero contra Juan Tenant Wright, Gerardo Balzaretti y el expresidente Saca, aceleró la diligencia para garantizar que a los imputados no los alcanzara la reforma penal que declaraba la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”.
El sobreseimiento de los acusados fue solicitado por el exfiscal general Raúl Melara, fundada en que su antecesor, Douglas Meléndez, dejó prescribir el caso de lavado de dinero, consistente en la transferencia de fondos provenientes de una donación de Taiwán fueron a parar a ONG y sirvieron para financiar campañas políticas del partido ARENA.
CASO ASOCAMBIO
Se trata del último caso de corrupción que se ventila ante la Jueza Flores Orellana, por el que se acusa a las personas que formaban parte de la Junta Directiva de ASOCAMBIO y además eran exfuncionarios de Justicia y Seguridad y de la Dirección General de Centros Penales, de trasladar el activo fijo de las tiendas institucionales de las penitenciarías a la asociación Yo Cambio.
En este caso, a pesar que desde el miércoles 1º de diciembre del presente año se conoció a nivel público que el Tribunal de Segunda Instancia revocó las medidas alternativas a la detención para los acusados y en su lugar les decretó detención provisional; hasta el cierre de las horas hábiles del 2 de diciembre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, no había librado los oficios a la Policía Nacional Civil y Oficinas Migratorias para materializar las capturas, lo que para las fuentes significa una ventana para que los procesados, a excepción del ex ministro de seguridad Mauricio Landaverde, que se presentó voluntariamente, puedan huir del país sin ninguna restricción.
De hecho, la fuente informó a este medio que la jueza Flores Orellana, nuevamente se encontraba de licencia y en su lugar estaba cubriendo como jueza suplente, la licenciada Lilia Álvarez Blanco.
