Ciudad de Guatemala. – Las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa asfixiando al sector comercial y al transporte en el territorio guatemalteco.
A pesar de los operativos antipandillas y las denuncias centralizadas por las fuerzas de seguridad, los pequeños negocios siguen siendo blancos vulnerables de intimidaciones por parte de estructuras criminales como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Y aunque las instituciones gubernamentales reportan reducciones interanuales en las denuncias formales durante el primer semestre del año, organizaciones de análisis como el grupo Diálogos advierten que la tasa nacional supera las 130 incidencias por cada cien mil habitantes.
Estas cifras se concentran con mayor crudeza en el departamento de Guatemala, donde la extorsión a comercios locales representa una amenaza constante y el principal detonante de crímenes violentos contra trabajadores y emprendedores.
Solo la tarde del martes las autoridades guatemaltecas reportaron el asesinato de dos mujeres, madre e hija, a quienes pandilleros les habrían quitado la vida por negarse a pagar la llamada renta o extorsión.
Asimismo, informes recientes señalan que en los meses precedentes se han registrado incrementos preocupantes en la curva de criminalidad a nivel nacional, marcando picos elevados de muertes violentas en distintos puntos del territorio guatemalteco.