Tomado de: Diario Latino
La congresista estadounidense, Norma Torres, dio a conocer el pasado miércoles, que los informes “confidenciales” en los que se fundamentó la información entregada al Departamento de Estado, para complementar la lista Engel, provino de periodistas considerados por la congresista como “creíbles”
La lista Engel, dada a conocer por el Departamento de Estado el pasado 1 de julio, y en la que figuran funcionarios actuales, ex funcionarios, políticos y empresarios del Triángulo Norte, trae consigo una serie de sanciones contra los estados y sus miembros que aparecen en ella, que inicialmente comprenden la suspensión de visas y el congelamiento de sus bienes, si es que los tienen, en los Estados Unidos.
El Departamento de Estado dio a conocer la Lista Engel conformada por 55 funcionarios actuales y antiguos de alto nivel en Guatemala, El Salvador y Honduras, vinculados en corrupción. La lista Engel se basa fundamentalmente en los informes “confidenciales” recibidos por la congresista que elaboró la congresista de sus fuentes a las que llamó periodistas “creíbles”.
“Esta última lista se basa en mi trabajo anterior que expone a actores corruptos en Centroamérica – una vez más demuestra el impacto corrosivo que la impunidad y la auto-negocación tienen en todos los niveles de gobierno”, señaló Torres.
La lista ha sido desestimada por las personas mencionadas en ella alegando que la misma no tiene carácter vinculante y porque la misma contiene información que no ha sido corroborada legalmente.
Esta es la primera vez que la congresista reconoce públicamente que sus fuentes han sido periodistas de la región que ella califica de “creíbles” y que supuestamente han enfrentado algún tipo de amenazas.
Uno de los periodistas salvadoreños que supuestamente encuadra en lo manifestado por la congresista y que se ha quejado de ser amenazado, es Héctor Silva, quien contactó a la congresista Torres y otras autoridades de los Estados Unidos, cuando fue funcionario diplomático del gobierno del ex presidente Mauricio Funes.
Silva ha sido vinculado con los intereses del “complicado” empresario harinero, Adolfo Salume, con quien organizaron una significativa red comunicacional, periódicos digitales, Estaciones de Televisión y una estructura de corrupción, con el entonces fiscal Douglas Meléndez, para “armar” casos penales contra sus adversarios empresariales.
El procedimiento era que, luego de “construir” los casos, estos eran presentados a los medios de comunicación para que fueran difundidos nacional e internacionalmente, aunque el posterior procedimiento penal no tuvieran éxito.
El tema de las denuncias era siempre relacionado con delitos de lavado de dinero y narcotráfico, sabedores de que estos temas son de primordial interés para los Estados Unidos y considerados como amenaza a su seguridad nacional.
Con esa estrategia, Salume logró desplazar del mercado a la empresa harinera, “Gumarsal” y se apoderó parcialmente de la industria del manejo y procesamiento de desechos sólidos, afectando severamente la economía de sus competidores. En este rubro Salume y Héctor Silva, aparecen asociados a los italo canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, calificados por la Real Policía Montada del Canadá, como “sujetos peligrosos” vinculados a la mafia ítalo canadiense.
Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, son prófugos de la justicia salvadoreña por los delitos de extorsión y apropiación o retención indebida, en perjuicio del empresario suizo salvadoreño Enrique Aquiles Rais. Rais es el más importante empresario en el negocio del manejo de desechos sólidos en Centroamérica.
El periodista Héctor Silva Ávalos, copropietario, junto a Adolfo Salume, de la Revista Factum, fue demandado en agosto de 2016, hace cinco años, por el empresario Enrique Rais por los supuestos delitos de Calumnia y Difamación.
Silva Ávalos calificó la demanda como un “acto intimidatorio” y como una amenaza contra su persona y contra el periodismo. En esa ocasión Silva contra atacó a Rais mediante denuncias que hizo a organismos estatales de los Estados Unidos, al Comité de Protección a Periodistas de Nueva York (CPJ), a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes, sin conocer el fondo del asunto, dijeron ipsofacto, que la demanda era una amenaza al periodismo”.
No sabemos, a ciencia cierta, si efectivamente, Héctor Silva ha sido uno de los informantes “creíbles” a los que se refiere la congresista Torres, pero de ser así, la lista Engel, al igual que los procesos armados entre el ex fiscal Meléndez, Adolfo Salume y Henrique Silva, está destinado al despeñadero de la historia.
