Dos magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían caído en prevaricato al emitir una resolución injusta, de acuerdo con la último editorial de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas (UCA).
De acuerdo con el centro de estudios superiores, el proceder señalado de los magistrados se trata de la resolución en el caso de los jesuitas y de Elba y Celina Ramos, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
“Seguimos con los oscuros magistrados Bolaños y (José Roberto) Argueta. Consagran la impunidad en el caso jesuitas, se burlan de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía y anuncian: Si masacran no se preocupen; Si hay poder y plata lo arreglamos en Sala de lo Penal”, afirmó José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
De esta manera, responsabilizó a ambos magistrados por la cuestionada sentencia. El lunes 2 de noviembre, la UCA publicó su último editorial en el que señaló que “la Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional”.
En el escrito, la universidad dijo que “con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Además, la UCA subrayó que “los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron”.
Seguimos con los oscuros magistrados Bolaños y Argueta. Consagran la impunidad en el caso jesuitas, se burlan de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía y anuncian: Si masacran no se preocupen; Si hay poder y plata lo arreglamos en Sala de lo Penal
— josé maría tojeira (@ChemaTojeira) October 30, 2020
El editorial también señala que “si (los magistrados) la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato”.
Las acusación de este supuesto delito es grave por parte del magistrado José Roberto Argueta Manzano y su colega de apellido Bolaños. Dichos señalamientos se refieren al mes de junio de 2018, cuando la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) presentó en la Fiscalía
General de la República (FGR) un aviso penal contra el referido funcionario judicial.
La asociación pidió al ministerio público bajo la dirección del entonces fiscal general Douglas Meléndez, que se investigara la participación del magistrado Argueta Manzano en la sociedad Ancona S.A. de C.V., la cual sirvió a una desarrolladora urbanística para comprar 127 manzanas del terreno de la cooperativa El Espino, donde se construyó un complejo de apartamentos de lujo.
ASTRAM presentó documentación el pasado jueves 31 de enero de 2019, que revela que en dicho complejo el magistrado José Roberto Argueta Manzano reside en una lujosa suite en el condominio Puerta La Palma, el cual es propiedad de la sociedad Continuum Overseas Corporation, que es una empresa offshore con sede en Panamá, cuyo representante legal es el empresario Adolfo “Fito” Salume.
A pesar de todo, el aviso penal contra el magistrado Argueta Manzano no tuvo efecto en la FGR, debido a que el fiscal Meléndez no abrió la investigación contra el magistrado al que el director del IDHUCA acusa de burlarse de la sentencia de la Sala de lo Constitucional anulando la Ley de Amnistía.