El Salvador y Guatemala comparten una gran cantidad de similitudes en varios aspectos: como ser un país religioso, conservador y lleno de gente trabajadora; sin embargo, en cuanto a la aplicación de las leyes o regular actos anti éticos, parece que los guatemaltecos están un paso adelante.

Los casos del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y el candidato a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Sergio Avilés, ponen en evidencia lo anterior.

Avilés, quien actualmente funge como magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), está inmerso en una fuerte polémica por haber cobrado 20 mil 550 dólares en concepto de compensación por renuncia voluntaria cuando no cumplía los requisitos para exigir esa suma de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) salió al paso de las declaraciones por medio de un comunicado justificando el pago a Avilés.

No obstante, el siete de octubre una publicación de la organización TRACODA, que afirma trabajar por el “fomento de la transparencia, la contraloría social y los datos abiertos”, informó que el reglamento interno de la Procuraduría fue reformado cinco días después de que Avilés Velásquez renunciara de la PGR, por lo que su indemnización es ilegal.

En dicha publicación noticiosa se advirtió sobre el pago de esa indemnización al tiempo que se cuestionó la transparencia en el proceso de cómo se entregó ese beneficio que no sólo incluye a los empleados con el menor salario en la institución, sino también a funcionario de alto rango como el exprocurador general adjunto Avilés.

Un caso similar, aunque con mucha más polémica, es el que involucra al jefe de la FGR Douglas Meléndez, quien cobró a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) 85 mil dólares.

Esa fuerte cantidad de dinero la habría cobrado Meléndez cuando dejó su cargo como gerente legal de la CEPA días antes de ser electo fiscal general y así cobrar los miles de dólares.

Por este caso de Meléndez, hace casi un año, en noviembre de 2017, el abogado Héctor Rodriguez Cea presentó un aviso en el TEG para determinar la legalidad de los 85 mil dólares que exigió Meléndez al renunciar a CEPA.

Sin embargo, el 22 de febrero de 2018, el TEG resolvió que no tenían las facultades para determinar si el pago de los $85 mil que el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, le hizo al actual fiscal de la República está o no en el marco de la ley, por lo que pasaron el caso a la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Lo curioso del Tribunal de Ética y su «rechazo» a investigar a Meléndez es que el señalado Sergio Avilés es magistrado del TEG, quien también ha sido criticado por cobrar (en similares condiciones que Meléndez) los $20 mil a la PGR.

En Guatemala la cosa fue muy diferente con un exalcalde que cobró una gran cantidad de dinero cuando no debía. La Fiscalía de ese país capturó al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, por el delito de peculado, luego que cobró 3 millones 459 mil quetzales (448 mil 580 dólares) en concepto de indemnización y prestaciones laborales, pese haber renunciado a su cargo, violando así las leyes de la hermana nación centroamericana.

La indemnización solo tenía lugar si a Coro le hubieran suprimido el cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015.

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes.