Por: Lucas Andrés

Foto: cortesía

La comunidad educativa y la opinión pública se encuentran conmocionadas tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a una maestra agrediendo verbalmente a una menor de edad. Los hechos, que ocurrieron el día de ayer, jueves 9 de julio, provocaron la indignación de los padres de familia, quienes interpusieron una denuncia formal de manera inmediata, desencadenando la rápida intervención de las fuerzas del orden en este sector del país.

La gravedad de las imágenes provocó una reacción en cadena. Horas después de que el video se esparciera en las redes, funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención Número 18 (UDEP-18), en un trabajo coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de la docente en el municipio de Morazán, Yoro.

La operación se ejecutó bajo el amparo del Plan Barrios y Comunidades Seguras. Según el reporte oficial, las autoridades policiales remitieron a la sospechosa a la Fiscalía del Ministerio Público para que se le dé continuidad al proceso legal correspondiente por la vulneración de los derechos de la menor.

El requerimiento fiscal se ha presentado formalmente por suponerla responsable del delito de trato degradante, una figura jurídica que protege la integridad moral, la dignidad humana y el bienestar psicológico de los ciudadanos, con un especial rigor cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes.

Las sanciones para quien sea hallado culpable de trato degradante contra un menor de edad abarcan las siguientes medidas penales y administrativas:

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