El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un escrito para que se pronuncie contra el decreto 127 promovido por el exdiputado Rodolfo Parker que permitió la evasión de impuestos de empresas por $280 millones.
Zelaya explicó en conferencia de prensa este jueves que “en 2014, la Asamblea Legislativa emitió el decreto 763 que ampliaba las facultades de fiscalización de la administración tributaria de tres a cinco años”.
En el 2018, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional dicho decreto por no haberse discutido suficientemente en la Asamblea Legislativa, pero no obstante “para no afectar el equilibrio presupuestario y para no afectar los ingresos que estaban contemplados por obtener por esas fiscalizaciones dijo que los efectos continuaban vigentes hasta el 31 de diciembre de ese año”.
El ministro de Hacienda denunció que al exdiputado Parker “se le ocurrió la magnifica idea de que él sí quería afectar el patrimonio estatal y presentó el 26 de septiembre, antes de que vencieran los efectos de la resolución que había emitido la Sala, una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa que dejaba sin efecto todas las auditorías que estaban en curso a esa fecha”.
Según la información oficial, el mismo expresidente Salvador Sánchez Cerén sancionó el decreto y lo mandó a publicar en el Diario Oficial”
Con esta acción de Parker se configuraron los delitos “de incumplimiento de sentencia del máximo intérprete de la Constitución o desobediencia” y se dañó “el patrimonialmente al Estado salvadoreño con $280 millones si no es que más”.
“Ahora deberán responder por las consecuencias, porque nosotros vamos a recuperar ese dinero robado y también vamos a hacer pagar a los culpables”, indicó el ministro Zelaya.
Dijo que con el escrito presentado “pretendemos que la Sala ordene audiencias, dentro de poco, para escuchar a las partes involucradas, en este caso al Fiscal General de la República, como representante de los intereses del Estado, al ministerio de Hacienda, como ente garante de las finanzas públicas, a la Asamblea Legislativa y a los abogados que promovieron”, dicha iniciativa.
