La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) insiste en que se instaure el “orden” que se tenía antes del 1 de mayo pasado, es decir que sean reinstalados los ex magistrados de Sala de lo Constitucional y al ex Fiscal General, elegidos por Arena y el Fmln de la anterior legislatura.

El llamado “tanque de pensamiento” -denominado así solo por sus medios de comunicación afines, Anep y Arena- abiertamente pregona su afinidad con los exfuncionarios, principalmente, cuando en la nueva Asamblea Legislativa se ha iniciado la investigación de millones de dólares que los diputados areneros, efemelenistas y Rodolfo Parker destinaron a oenegés, muchas “fachadas”.

Según cálculos preliminares, el posible desfalco ronda los $159 millones, que benefició a grupos denominados “sociedad civil”.

Por medio de su director del Departamento de Estudios Legales, Javier Castro, Fusades sostiene que defiende el Estado de Derecho que han mantenido por décadas, en los que han gobernado Arena y el Fmln, quienes respetaron el sistema establecido por ellos mismos.

“La única salida viable es restablecer el orden constitucional luego del #1M. No se debe terminar de cruzar una línea, cuyo retorno es muy difícil en términos de recuperar la democracia y el Estado de derecho”, escribe en su habitual columna en su medio aliado.

Fusades parece haber olvidado cuando criticaron la elección de Raúl Melara como fiscal por estar vinculado a Arena, así como la elección de unos magistrados.

La cercanía de Melara con los gobiernos de Arena tiene varios años. Tuvo dos cargos en la administración gubernamental de Francisco Flores (1999 -2004): Fue asesor de la Superintendencia general de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), entre agosto de 2002 y julio de 2003. Fue consultor del Ministerio de Economía en esos mismos años.