Por: Alejandra L

Si algo hay que reconocerle al ex gobierno de Salvador Sánchez Cerén es que supo velar por los intereses del FMLN en los años que estuvo en el Ejecutivo, aunque eso significará pasar por encima de leyes y códigos.

Después de la denuncia que hicera el Presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la autorización de sindicatos “exprés” en los últimos días de poder del Frente, este periódico se dio a la tarea de investigar el transfondo de dicha estrategia y se logró dar con varios hallazgos interesantes.

El primero es que fueron más de cien sindicatos que se conformaron de forma ilegal en los últimos cuatro años, nueve de ellos en la semana antes de la toma de posesión. El segundo es que la estrategia fue infiltrar a su gente convertida en sindicalista tanto en las entidades públicas, pero principalmente en las corporaciones transnacionales y en aquellas empresas salvadoreñas grandes.

“La consigna dada por el partido era tener dentro de las grandes compañías a toda la gente afin a sus ideas y para hacerlo de una manera ´creíble´ y para ellos legal, recurriendo a la formación de sindicatos saltándose los plazos que manda el Ministerio de Trabajo y como ellos estaban dentro del Ministerio no les importó”, comenta una fuente cercana a la cúpula de izquierda.

Como ya se ha denunciado, el objetivo del FMLN es la desestabilización de El Salvador y una de las vías para lograrlo es crear crisis laborales en empresas, para generar apatía y desinterés por seguir apostando por el país.

Lo que el FMLN hizo por años aprobando sindicatos “exprés” representa una violación al Código de Trabajo, que exige legalizar a los organismos laborales en un plazo de 30 días hábiles y no en 15 o menos como hizo la izquierda, y además irrespetar la Ley del Servicio Civil que prohibe a personas afines a partidos políticos integrar sindicatos.

“Aquí se debería sentar un precedente legal. No puede un partido llegar al poder y hacer con las leyes lo que les viene en gana. La institucionalidad debe prevalecer, el nuevo Ministro de Trabajo fue sindicalista por muchos años y por esa trayectoria debe frenar este abuso, debe suspenderle la personería jurídica a todos los sindicatos y sindicalistas éxprés´porque se prestaron a esa ilegalida”, sostiene un empresario afectado.

El sector privado también pide la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República y del mismo Organo Judicial, pues la ilegalidad es obvia y sino se frena el mensaje de impunidad afectará la imagen del país.

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San Salvador, El Salvador

Redacción

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