En las últimas horas han surgido publicaciones en diferentes medios donde señalan al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez, de haber recibido dinero de parte del expresidente Elías Antonio Saca.

Según las publicaciones, sin tener pruebas, acusan a Meléndez de haber recibido dinero por el acuerdo que logró Saca obteniendo el proceso abreviado.

De acuerdo con El Salvador Times, el jefe de la FGR habría recibido dos millones de dólares para beneficiar a Saca, quien es procesado de desviar $300 millones de Casa Presidencial para beneficiarse de manera ilegal, un caso donde ARENA también recibió fondos ilícitos.

En la publicación, se expone que el abogado del expresidente, Mario Machado Calderón, fue quien dio la suma de dinero a través de una de sus empresas off shore domiciliada en Panamá y bajo el nombre de Law Corp MM.

Por el momento se estima que esa supuesta suma de dinero que se le habrían entregado a Meléndez provendría de los fondos que la Fiscalía aceptó públicamente que no podrían recuperarse por haber pasado más de 10 años del cometimiento de los delitos.

Esta no es la primera vez que se relaciona al fiscal general de El Salvador en un acto irregular donde el dinero está de por medio.

Pues desde el año pasado, el abogado Héctor Alberto Rodríguez presentó al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) un aviso para que este inicie una investigación sobre un supuesto cobro irregular de indemnización en CEPA, contra Meléndez, quien laboraba en dicha institución antes de asumir su actual cargo dentro del Gobierno.

El abogado Rodríguez dijo que el aviso es para que el TEG investigue si hubo «indemnización ilegal o injusta al señor Douglas Meléndez, lo cual implica un enriquecimiento ilícito… y un mal manejo de fondos públicos por parte de las autoridades de CEPA».

Simultáneamente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a dicha comisión un reporte de los empleados despedidos entre los años 2015 y 2016, así mismo las razones por las cuales fueron cesados de sus labores dentro de la institución. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), respaldándose en la nueva sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se negó a presentar la información solicitada por el IAIP.

El licenciado Rodríguez censuró que sería lamentable que el Fiscal haya cobrado una indemnización estimada de $85 mil por un despido de parte de la Autónoma, cuando por ética debería de haber presentado su renuncia cuando se presentó como candidato al cargo público.