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Dania González, diputada de Nuevas Ideas, aseguró ayer jueves que las empresas dedicadas al uso de historial crediticio y no quieran cumplir con la nuevas reformas serán castigadas hasta 120 salarios mínimos.

Además, González detalló que  que estarán continuamente fiscalizando a los burós de crédito y a los agentes económicos a través de la solicitud de informes para que la nueva ley sea cumplida.

Entre las principales están el aumento de multas y la ampliación de infracciones para el sector financiero regulado y no regulado, estableciendo consecuencias jurídicas para todos los agentes económicos que no actualicen a tiempo la información de sus clientes.

En la ley está estipulado deben instalarse tres centros de atención y 14 puntos de consulta exprés, con el objetivo de mejorar la cobertura para todos los que deseen conocer la información de su historial.

La norma técnica dará las especificaciones para este proceso, que será supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)

En caso de que no haya resolución, los ciudadanos pueden acudir a la SSF, al Banco Central de Reserva (BCR) y a la Defensoría del Consumidor para obtener una respuesta de su caso.