La oenegé autodenominada Acción Ciudadana que comanda el abogado Humberto Sáenz y su bufete, publicó un comunicado en el que en su segundo ítem acepta que la elección de magistrados suplentes, que realizó de forma exprés la Asamblea Legislativa saliente, es “inconstitucional”. 

Pero no procederá a exigir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los declare “inconstitucionales”, como lo ha hecho en otros casos que son en contra el Gobierno de la República.

Dicha oenegé forma parte del grupo de organizaciones afines a los partidos de derecha y de izquierda, y que mostraron su rostro político antes de las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021, plegándose a Anep, Fusdades, Funde de Roberto Rubio, medios escritos tradicionales afines, entre otros, en contra de Nuevas Ideas.

Aunque dicen enarbolar la bandera de la transparencia, su presidente, Humberto Sáenz, forma parte del bufete que protege a un banco internacional y que fue condenado por la misma CSJ a pagarle a un empresario salvadoreño, luego de años de litigio. Además, es el bufete Sáenz que por décadas ha ganados cientos de miles de dólares en arbitrajes, beneficiados por los gobiernos anteriores.

Tampoco han levantado la mano para denunciar a los que cobraron “sobresueldos”, principalmente, porque son afines a ellos o financistas. Uno de ellos es Rubio, de Funde, de quien se ha confirmado con documentos de cómo se benefició de la partida secreta que manejó Arena. Ni siquiera se ha pronunciado por la falta de transparencia y notoriedad de los magistrados de la Corte de Cuentas, de quien su presidente recibe órdenes del pedecista Rodolfo Parker.