(Foto/Cortesía)
Los políticos y ex funcionarios acusados de negociar y entregar grandes cantidades de dinero a miembros de pandillas durante la elección presidencial de 2014, pidieron hoy al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, excluir como pruebas en su caso los videos y audios donde aparecen sosteniendo reuniones con líderes pandilleros.
De igual forma, los abogados defensores de los imputados argumentaron que el delito de agrupaciones ilícitas que se les atribuye a sus clientes ya prescribió; no obstante, la jueza del caso aclaró que el plazo vencerá hasta el año 2023.
“La defensa planteó la estrategia de no tomar en cuenta los videos y los audios (que muestran las reuniones con pandillas), pero esa parte ya fue superada por la intervención de la Fiscalía y la jueza declaró no ha lugar”, expresó el fiscales del caso, Julio Batarsé.
A la audiencia desarrollada este viernes se presentaron el exministro de Seguridad, Benito Lara; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el mediador de la tregua Raúl Mijango; el dirigente de la organización Grupo Náhuats, Wilson Alvarado; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y columnista de El Diario de Hoy, Paolo Lüers.
Todos son acusados de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, durante la campaña presidencial de 2014.
#FraudeElectoral #AgrupacionesIlícitas | Jueza autorizó receso en audiencia inicial.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 7, 2020
Defensa solicitó que no se tomen en cuenta videos o escuchas telefónicas como pruebas, la jueza rechaza petición después de la intervención del equipo @FGR_SV. pic.twitter.com/Qipj0plLzY
