El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Nelson Alberto Alarcón Guevara, de 23 años, acusado de estafa agravada en perjuicio de cinco víctimas y falsificación, tenencia de sellos oficiales, especies fiscales o billetes de lotería.
El primer delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 215 y 216, numeral 2 del Código Penal; mientras que el segundo está estipulado en el Artículo 280, inciso segundo del mismo código, en perjuicio de la fe pública. Todo lo anterior bajo la modalidad de concurso real de delitos, en base al Artículo 41 del Código Penal.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público ofertó prueba testimonial, pericial y documental que le fue aceptada para la siguiente etapa del proceso, que es la vista pública a realizarse en uno de los Tribunales de Sentencia de esta ciudad.
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y noviembre de 2017, cuando el imputado seleccionaba personas profesionales académicamente y que aspiraban a tener un trabajo gubernamental. Las convocaba a reuniones en diferentes cafeterías donde se presentaba como “delegado de recursos humanos de asuntos estratégicos y contrataciones del Ministerio de Educación (MINED)”.
Además, les decía sobre plazas laborales en diferentes puestos dentro de la referida institución; recibía las hojas de vida de las víctimas, daba lineamientos sobre el proceso de contratación y finalmente solicitaba diferentes cantidades económicas para poder otorgar esas plazas de trabajo.
El imputado manifestaba que era la única persona encargada para la contratación de personal y para acreditar su vínculo laboral con el MINED mostraba credenciales firmadas y selladas en original, por lo que las víctimas creían lo que les decía.
Una vez recibía el dinero, les decía que el proceso ya estaba en manos del Tribunal Calificador de la Carrera Docente y que para acelerar el proceso debían desembolsar otras cantidades de dinero.
Posteriormente, se reunía con sus víctimas y les entregaba documentación firmada y sellada en original con el sello del MINED, del Tribunal Calificador y del Ministerio de Hacienda, donde aparentemente las plazas ya estaban aprobadas; y que sólo esperaran la llamada para firmar el contrato.
Pero los meses transcurrían y las víctimas que eran todas de un mismo círculo de conocidos se dieron cuenta de la estafa; y en noviembre de 2018 interpusieron la denuncia en sede policial.
El monto del desfalco en perjuicio de las cinco víctimas asciende a más de 50 mil dólares, según consta en las diligencias judiciales.