El Instituto de Derecho Militar interpuso, este jueves, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, y los otros exmiembros de la misma en el período 2009-2018 por supuestas irregularidades al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, la cual fue derogada el 13 julio de 2016.
De acuerdo con el presentante legal del Instituto de Derecho Militar, el abogado José Alvarado, los exmagistrado de la Sala de lo Constitucional: Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime, cometieron una serie de delitos al declarar en 2016 la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada en 1993, tras el conflicto armado que vivió El Salvador de 1980 a 1992.
“Como parte del Instituto de Derechos Militares, con apoyo de los veteranos de la Fuerza Armada, venimos a interponer un aviso en contra de los exmagistrados que desarrollaron en el proceso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, basados en el artículo 18 de Constitución, que determina que todo ciudadano puede peticionar por escrito ante las autoridades legalmente establecidas y que estas deben investigar y hacer del conocimiento público el resultado de lo pedido”, comentó el abogado.
Agregando que “en relación al artículo 86, inciso final, de la Constitución también se establece que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que lo que la ley les determina. Es por eso que traemos documentación y le pedimos al fiscal general que desarrolle una investigación porque los exmagistrados en el desarrollo del proceso de inconstitucionalidad cometieron ciertas acciones que tienen vicios con delitos, riman con las faltas establecidos en el Código Penal”.
En ese mismo sentido, Fernán Camilo Álvarez, presentante de los veteranos de guerra, dio a conocer que la denuncia ante la FGR tiene origen debido a que la forma en la que se anuló la Ley de Amnistía fue incorrecta.
“La Sala de lo Constitucional es la entidad que puede determinar la inconstitucional o no de un hecho, en este caso, esta debe de ser la primera en el país en respetar la legalidad. Si la forma de su trabajo no se respeta y surten efectos que tiene connotación nacional de los casos que llevan, porque crean jurisprudencia, estamos mal”, expresó Álvarez.
Quien consideró que el estado de derecho debe funcionar y debe comenzar en la Sala de lo Constitucional. «No estamos diciendo que una derogatoria de la Ley de Amnistía es incorrecta o no. Lo incorrecto es la forma en que se ha dado y por ende el resultado también es incorrecto”, finalizó.
