El exjefe edilicio de San Salvador, Nayib Bukele, firmó un contrato por $91 millones con una empresa guatemalteca que fue creada cinco meses antes que se lanzara la licitación.
Así lo dio a conocer el concejal del FMLN, Fabio Castillo, en una entrevista a El Diario de Hoy sobre la aprobación del contrato de más de $91 millones para la construcción de tres nuevos mercados que firmó el exalcalde Bukele y que no habría contado con la aprobación de ley.
Lo que inicialmente era un proyecto para mejorar las condiciones de los mercados capitalinos se convirtió en un plan para construir tres nuevos mercados y cuyos proyectos otorgó el exalcalde a la empresa privada de origen guatemalteco.
Para realizar este cometido, Bukele junto a algunos concejales no tomaron en cuenta varios procedimientos de ley para entregar la construcción y usufructo de los mercados a Direct Security Systems (DSS), empresa que se convirtió en socio estratégico para la comuna capitalina.
Pero además de eso, se le encomendó por medio de contrato el diseño, construcción y operaciones de los tres mercados, cuestiones que no están contempladas en las bases de licitación, tal cual consta en documentos en poder de El Diario de Hoy.
DSS nació en junio 2015, justo cinco meses antes de que la alcaldía lanzara la licitación pública, por lo que no contaba con mayor experiencia en la construcción en ese tipo de obras o proyectos.
Pero a pesar de ello, la alcaldía decidió convertir a esa empresa en socia y creo una sociedad de economía mixta (SEM).
Esta SEM creada en 2016 amparada en la “Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía mixta”, legislación que existe desde 1957 y que no corresponde al tipo de proyecto municipal que fue entregado a una sola empresa privada.
Inicialmente, el millonario proyecto de los mercados denominados centros comerciales empezó con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pero no se concluyó bajo esa legislación, sino que en el proceso el exalcalde y el grupo de concejales que lo apoyó dejaron de lado la LACAP y el proyecto terminó bajo el amparo en la ley de Sociedades de Economía Mixta, como se mencionó anteriormente.
Así, Nayib Bukele entregó a la empresa guatemalteca la potestad para construir los tres mercados y también le dio autonomía de administrar y operar dichos mercados.
Sumado a esto, la sociedad le daba una participación del 75% a la empresa guatemalteca y el 25% a la alcaldía capitalina.
Los tres centros comerciales o mejor conocidos como mercados estarían ubicados en el antiguo parque Hula Hula, otro en el expredio de la Exbibliotéca Nacional y el último en un área verde de la colonia Escalón.
El mercado de la colonia Escalón costaría $33.5 millones; el de la ex Biblioteca costaría $23.8 millones y el del Hula Hula tendría un costo de $34.1 millones, lo que suma $91.4 millones, según el contrato de la SEM.
El 31 de enero de 2017, el Concejo Municipal aprobó con 8 votos a favor (de 14 posibles) el contrato, el cual fue denominado «Marco» de servicios de construcción, administración, operación y mantenimiento entre la comuna de San Salvador y la Sociedad Nuevo Sistema de Mercados, nombre comercial que adquirió la empresa DSS luego de vender sus acciones.
El acuerdo municipal recibió 6 votos en contra, entre ellos el del concejal del FMLN, Fabio Castillo, así como los concejales de ARENA.
El artículo 4 de la Ley de Mercados ordena que para aprobar la construcción de mercados se necesita de dos tercios del total de miembros del concejo, que en este caso debía ser con 10 votos de los 14 concejales y no por 8 como ocurrió, por lo que se violentó la ley.
Por lo tanto, el contrato no cumplió con la mayoría de votos que exige el Código Municipal. Asimismo y según detalló Fabio Castillo a EDH, el artículo 102 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece que “la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación firme, producirá en todo caso, la nulidad del mismo contrato…”.
Agregado a esto, un fallo de la Sala de lo Constitucional estableció que los bienes del Estado o de uso público solo podrán darse en usufructo, como sucedió con uno de los terrenos para uno de los mercados, sin que tenga la autorización de la Asamblea.
Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece que los bienes de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse en usufructuo, comodato o arrendamiento con la autorización de la Asamblea Legislativa.
