La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, sigue bajo cuestionamientos por sus actuaciones al margen de la ley.
Esta vez, Rivas Landaverde obstaculiza la realización de una auditoría especial por posible malversación de fondos públicos al alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, quien habría utilizado dinero para otros rubros de las tasas municipales que son de uso exclusivo para el pago por el tratamiento final de desechos sólidos.
De la respuesta brindada por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), se advierte que la obstrucción a la auditoría es grave, ya que son fondos públicos que podrían haber sido malversados por el alcalde de San Salvador. La presidenta de la institución cometería actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Según el informe de la UAIP, “no se ha emitido orden de trabajo” para realizar la auditoría.
Los apoderados legales de MIDES solicitaron a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte de Cuentas de la República, los avances que la entidad contralora ha tenido respecto de la Fiscalización Especial solicitada sobre el manejo de las tasas municipales para el uso exclusivo del pago por la disposición final de los desechos sólidos, que la Alcaldía de San Salvador (AMSS) ha recolectado de parte de los contribuyentes desde el mes de agosto de 2018 hasta la fecha; y que no obstante no canceló a la empresa MIDES, quien ya brindó el relacionado servicio.
Hasta la fecha la municipalidad adeuda aproximadamente 3 millones de dólares a la empresa, a pesar que durante ese tiempo percibió los fondos de las tasas municipales y además realizó una Titularización aprobada por todo el Concejo municipal, en la que se informó estaba incluido el monto para cancelar la mora existente a favor de MIDES.
Los abogados señalan la importancia que se haga pública dicha auditoría, pues son fondos pagados por los capitalinos y tienen el legal derecho a conocer en que se gastaron esos fondos ya que todo apunta a que no fueron utilizados tal como lo ordena la ley, existiendo la posible comisión del delito de Malversación de Fondos Públicos.
