Por: Redacción El Blog

POR REDACCIÓN LANOTICIASV
SAN SALVADOR.- Tomando como base las pruebas irrefutables presentadas al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que se ampara en el manual de investigación de delitos ambientales, elaborado con la ayuda del programa de USAID y que es de estricto cumplimiento por la Fiscalía General de la República (FGR), según el artículo 4.1.1 para la CAFTA-DR, se presentó una denuncia penal en contra de los accionistas propietarios del relleno sanitario ubicado en el cantón Melara, del municipio de La Libertad.

Según se conoció se ha presentado una denuncia penal ante la FGR contra las personas y delitos siguientes: Nico Salume, representante legal de las empresas Gidsa de C.V. y Pulsem de C.V., por los supuestos delitos de contaminación ambiental agravada (según el artículo 256 Pn), además se incorpoó el delito de desobediencia de particulares en contra de resolución del Juzgado Ambiental (Art. 338).

También contra René Fernando Colón Villalta, por supuesta contaminación (Art. 255 Pn); Luis Elías Botto Zuniga, en su calidad de abogado y notario por los supuestos delitos de falsedad documental agravada (Art. 285 Pn), falsedad ideológica (Art. 284 Pn) y fraude procesal (Art. 306).

Según el abogado Sergio Toruño, siendo Pulsem de C.V. una sociedad de economía mixta, cuyo accionista es la alcaldía de La Libertad “se solicitará a Corte de Cuentas que se haga una auditoría especial pues no se explica el por qué la alcaldía de San Salvador contrató ilegalmente a la empresa de capital privada Gidsa de C.V., propiedad del señor Salume, pagando supuestamente un fuerte diferencial dinerario, y luego el señor Salume contrata a su vez a su empresa, de economía mixta con alcaldía de La Libertad a un precio mucho menor”, explica. “De comprobarse esta supuesta actuación estarían ante el cometimiento de administración Fraudulenta, en complicidad con la alcaldía de San Salvador”, agregó el abogado.

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