Javier Simán no solo ha exigido a Estados Unidos que le impongan sanciones a El Salvador, en Washington D.C., sino que además ha hecho acusaciones infundadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el simple motivo de que se le descubrió evasión fiscal millonaria de una de sus empresas.
Beneficiado por los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional y por el juez Antonio Durán -quien lo exoneró totalmente-, Simán fue librado de pagar al Estado $5.3 millones mientras la gran mayoría de salvadoreños paga sus impuestos.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, expondrá ante OIT la relación del país con el sector empresarial salvadoreño y responderá ante las quejas expresadas por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también por una supuesta marginación como representante de esa gremial por parte del Gobierno. Muchos empresarios, que piden reserva de sus nombres, afirman que nunca estuvieron de acuerdo en que Simán se tomara la gremial.
En tal sentido, también el ministro desmintió a los rotativos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo que en sendas publicaciones aseveran que el Gobierno está siendo enjuiciado en la OIT por presunto acoso al empresario, señalado de evasión fiscal a través de una de sus empresas, por más de $5 millones. Luego de ser favorecido por el sistema de jueces y los anteriores magistrados, Simán, para no pagar, ha recurrido a diversos mecanismos internacionales con el fin de justificar su no pago.
«Estamos en la lista de gobiernos llamados a proporcionar información a la Comisión de Aplicación de Normas. No es un juicio, ni estamos condenados como país. No estamos en lista negra. No mientan, Prensa Gráfica y El Mundo, lo qué hay es una queja de ANEP, donde ellos aducen que no reconocemos a Simán y este mismo dice que se siente perseguido», explicó Castro, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, cede del organismo.
Castro dijo que explicará ante la OIT cómo está la relación del Gobierno con la ANEP y sobre el proceso judicial que enfrenta Simán por evasión de impuestos, la cual no tiene nada que ver con las relaciones oficiales de la administración del Presidente Nayib Bukele con la gremial empresarial.
«Vamos a aclarar como Estado ante OIT, que una cosa es el proceso penal sobre sus empresas que se investigan por evasión de impuestos y otra cosa es su representación en la Anep», explicó Castro a través de su cuenta de Twitter.
El ministro dijo que el gobierno salvadoreño dejará claro ante el organismo que son dos cosas diferentes, la persecución del delito fiscal en empresas propiedad de Simán y otra diferente es la relación con la representación gremial.
«El diálogo siempre ha estado, lo que cambió es la dinámica debido al COVID-19, el convenio de OIT es el 144, viene la parte en donde demostraremos con pruebas y evidencias que ambas cosas son distintas y que no es justo que se utilice una gremial para defender actos que riñen con la ley».
Además de la evasión de impuestos por la que se indaga a empresas de Simán, el empresario ha sido un activo y frecuente financista del partido Arena, que acumula un largo historial de casos de corrupción relacionados con diputados, exfuncionarios de gobierno, ex alcaldes y otros miembros del instituto político de derecha.
