Un juez federal prohibió el lunes al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal.

Trump emitió un decreto el 9 de noviembre por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales al país no sería candidata para recibir asilo. Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de amenaza a la seguridad nacional.

Pero en su fallo, el juez federal de distrito Jon S. Tigar se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y del Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de la publicación del decreto.

Tigar señaló que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) no comentó de inmediato el fallo, que permanecerá en vigor durante un mes a menos que se presente recurso. Para emitir su prohibición, Trump utilizó los mismos poderes empleados el año pasado para otro veto migratorio que finalmente fue ratificado por la Corte Suprema.

Alrededor de 3.000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.

El DHS dijo que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.

Funcionarios del gobierno afirman que cualquiera que logre ingresar al país puede pedir asilo y que luego a menudo desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial.

«La gran mayoría de estas solicitudes terminan careciendo de mérito», dijo un alto funcionario que pidió no ser identificado.

Menos de 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, afirma el gobierno. (El Clarín)