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Por: Redacción El Blog
27 octubre, 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente de investigación por el delito de Lavado de Dinero y Activos en contra de Roberto Rubio, actual Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en el 2017, de acuerdo a una publicación de un medio digital, hasta la fecha Rubio no ha sido judicializado

De acuerdo a investigaciones de la FGR Rubio tiene dos propiedades a su nombre, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután, y además lo relacionan a un terreno en la residencial Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR inició una investigación, debido a la declaración de testigos que indican que Rubio “recibió varios millones de dólares de la partida secreta y esto fue ingresado a las cuentas de FUNDE y otras empresas relacionadas al caso”.

La FGR investigó el árbol genealógico de Rubio, así como a las empresas vinculadas al caso, además realizó seguimientos para determinar con quiénes se reunía.

El Ministerio Público solicitó investigar la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el exasistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación en los casos de corrupción de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

Entre los documentos de la investigación figuran varias cotizaciones de los empleados de FUNDE realizadas durante varios años.

La Fiscalía determinó que Rubio fue miembro de la junta directiva de la empresa RUDA S.A. de C.V., junto al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. “Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds.

Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla una publicación de DLP.

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San Salvador, El Salvador

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