Como hecho histórico han catalogado los medios de prensa tradicionales la condena de cinco años de prisión para el exfiscal general Luis Martínez, acusado de hacer uso ilegal de escuchas telefónicas privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, en las que se comprobaba sus nexos con las pandillas, introducir celulares a los penales donde se daban órdenes de asesinatos y otro tipo de actividades.
La pena de cinco años dictada por el juez de sentencia es por “utilizar escuchas telefónicas privadas del sacerdote de forma ilegal o indebida”, cuando Martínez era fiscal general. El sacerdote, por el contrario goza de libertad.
La sentencia sin precedentes contra el exfiscal pone sobre la mesa el tema del uso ilegal de escuchas telefónicas en poder de la Fiscalía General de la República.
Hay varias denuncias locales e internacionales en contra del actual fiscal general Douglas Meléndez de haber usado de forma ilegal escuchas telefónicas vencidas y de haber sido editadas para procesar personas, empresarios, funcionarios y políticos.
La ley el centro de escuchas establece que si después de seis meses de haberse realizado las escuchas telefónicas, la fiscalía no presenta requerimiento, estas deben ser destruidas obligatoriamente, y ya no pueden ser pruebas de delito. Sin embargo, durante el periodo del fiscal Martínez, algún funcionario no las destruyó y las guardó para entregárselas al actual fiscal Meléndez, quien las ha utilizado ilegalmente.
Meléndez aspira a ser reelegido al cargo, y al parecer hay acuerdo de partidos de derecha y de Gana para reelegirlo. Pero, el delito de utilizar las escuchas ilegalmente no prescribirá y puede ser procesado luego de tres años, si es reelegido.
