La Fiscalía de Guatemala capturó al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, por el delito de peculado, luego que cobró 3 millones 459 mil quetzales (448 mil 580 dólares) en concepto de indemnización y prestaciones laborales, pese haber renunciado a su cargo, violando así las leyes de ese país.
La indemnización solo tenía lugar si a Coro le hubieran suprimido el cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015.
Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes.
En El Salvador, hay al menos dos casos conocidos públicamente de funcionarios que cobraron sendas cantidades de dólares en concepto de indemnización de forma ilegal, pues ellos optaron por renunciar.
Los casos son el del actual fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez Ruiz, y el del exprocurador adjunto general de la república, Carlos Sergio Avilés. Sin embargo, a pesar de que ambos han sido denunciados, a ninguno lo investiga la Fiscalía salvadoreña ni el Tribunal de Etica Gubernamental (TEG). Meléndez era gerente general de CEPA y renunció días antes de ser electo Fiscal para cobrar dicha cantidad.
El abogado Héctor Alberto Rodríguez Cea, presentó también un aviso ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a fin de que siga una investigación contra el fiscal general de la República.
El otro caso es el del abogado Carlos Sergio Avilés Velásquez se ha visto envuelto en otra situación polémica, esta vez con la Procuraduría General de la República (PGR) por un caso de derechos laborales tras haber trabajado en dicha institución entre los años 2010 y 2017, y haber renunciado, pero luego cobrado 20 mil 550 dólares.
El 7 de octubre una publicación de la organización Tracoda, que afirma trabajar por el “fomento de la Transparencia, la Contraloría Social y los Datos Abiertos”, informó que el Reglamento Interno de la Procuraduría fue reformado cinco días después de que Avilés Velásquez renunciara de la PGR, por lo que su indemnización es ilegal.
En la actualidad, Sergio Avilés funge como magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), y paradójicamente fue quien no quiso investigar a Douglas Meléndez por presuntos actos antiéticos.
Avilés es conocido en la palestra pública sobre todo por el caso de presunta corrupción que lo relaciona con el actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez.
El nombre de Avilés sonó entre los candidatos a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
