Por: Redacción El Blog

El mes pasado, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, presentó un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a una jueza de una de las Cámaras del ente contralor; sin embargo, desde el interior de la institución cuestionan el silencio de la funcionaria en al menos tres casos de elevado perfil mediático.

El primer caso en el que, según fuentes internas de la CCR que accedieron a hablar con este medio de comunicación bajo la condición de mantener en reserva su identidad por temor a represalias, existe doble moral es la auditoría al pago de una indemnización hecha por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) al hoy exfiscal general de la República, Douglas Meléndez.

El pasado 22 de febrero de 2018 el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) remitió a la CCR una copia certificada de la denuncia hecha por el abogado Héctor Rodríguez Cea contra el presidente de CEPA, Nelson Vanegas y el extitular de la FGR, Douglas Meléndez, pidiendo que el TEG determinara la legalidad del pago de una indemnización de $34 mil al exfiscal general.

A juicio del profesional del derecho el TEG debía determinar si existió fraude de ley al entregarle a Douglas Meléndez una indemnización de $34 mil por despido, cuando el exfuncionario dejó su cargo de gerente legal de CEPA para asumir la titularidad de la FGR y por tanto la compensación debió ser mucho menor, según expuso el abogado Rodríguez Cea.

Desde hace más de un año la CCR sólo ha redactado un borrador del informe con los resultados a la auditoría al pago de la mencionada indemnización, sin que los mismos sean de conocimiento público, pese a la relevancia del caso por tratarse de un extitular de la FGR, advirtió la fuente que señaló una supuesta doble moral de la presidenta Carmen Elena Rivas Landaverde.

Otro de los casos que la fuente le reprocha a la presidenta de la Corte de Cuentas es el de la auditoría al contrato firmado por el concejo municipal de Santa Tecla con la empresa de capital colombiano Teclaseo, el cual posibilitó la privatización del servicio de recolección de basura y el despido de más de 150 empleados de la comuna.

El informante recordó que el martes 4 de marzo de 2018 la CCR se comprometió a auditar el contrato que dio origen a la empresa de economía mixta Teclaseo, y que pese a tratarse de una institución pública no se conocen los términos de dicho acuerdo.

Siete meses después, la Corte de Cuentas no ha comunicado si se realizó la mencionada auditoría al contrato entre la alcaldía de Santa Tecla y Teclaseo, acentuó la fuente en el interior de la CCR que cuestionó dicho silencio.

Finalmente, el informante también cuestionó la pasividad con la que el ente contralor ha procedido ante una petición para que se realice una auditoría especial a las finanzas de la alcaldía de San Salvador, porque se tienen sospechas de un manejo irregular de los fondos captados en las tasas municipales por concepto de disposición final de desechos sólidos.

Si bien la Corte de Cuentas confirmó que practicaría la auditoría especial solicitada, en la actualidad se desconoce si se comenzó con dicho procedimiento a pesar que la comuna capitalina sigue cobrando en los recibos de energía eléctrica de los habitantes del municipio la tasa por la disposición de la basura, pero no ha cancelado una deuda de más de $2.8 millones por la  disposición final de los desechos sólidos.

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San Salvador, El Salvador

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