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El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, ha encabezado las primeras inspecciones en librerías ubicadas en el centro histórico de San Salvador.
Estas acciones tienen el fin de proteger los derechos e intereses de los consumidores en el regreso a clases, y garantizar que los proveedores de útiles escolares cumplen la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito (LSTC).
En este marco, se verificará el cumplimiento de las promociones y ofertas de útiles e insumos escolares, y sus respectivas garantías.
De igual forma, se verifica la publicidad en dichos establecimientos y comercio electrónico para garantizar que se apeguen al cumplimiento de las obligaciones de estos proveedores en el mercado virtual, y respeten los derechos de las personas consumidoras.
«En el caso de existir algún incremento de precios injustificados la sanción es de hasta 500 salarios mínimos»: dijo Salazar.
