11 fiscales y técnicos del Ministerio Público enfrentan este día la audiencia inicial en el Juzgado 5° de Paz de San Salvador, acusados de graves delitos cometidos en contra del empresario Enrique Rais.

Entre los acusados se encuentra el actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz Ponce, quien es primo del exfiscal general, Douglas Meléndez.

Según la denuncia, todos son acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa contra Enrique Rais.

Uno de los querellantes en el caso dio a conocer que en la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) no ha negado que contra Enrique Rais se hayan cometido irregularidades en el proceso, entre estas anomalías se encuentra el uso escuchas telefónicas ilegales.

“Todas estas irregularidades (en la acusación contra Rais), la Fiscalía las ha defendido diciendo hoy que son simples errores materiales, en los cuales no hubo dolo, pero es importante que se sepa que no las ha negado. En consecuencia, quien debe determinar si hubo o no dolo es la agencia judicial, y no la propia agencia fiscal”, expresó Juan Andrés Santamaría, querellante miembro del equipo jurídico del empresario.

Los apoderados legales de Rais sostienen que Mayra Raquel Guevara (una de las acusadas) reconoció ante el juez Octavo de Instrucción que se presentaron pruebas en contra de su representado por un supuesto error por parte del ingeniero en sistemas Granados Ponce, también acusado en el caso.

El abogado Hernán Cortez aseguró que “en marzo del 2017 presentamos una denuncia contra once elementos fiscales y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por todas las ilegalidades que se cometieron contra nuestros clientes al momento de ser capturados. Nos llama mucha la atención que antes de dejar su cargo, el exfiscal Douglas Meléndez trató de favorecer a estas personas buscando un sobreseimiento para ellos”.

Debido a una serie de actos irregulares contra Enrique Rais, sus apoderados legales acusan a los once fiscales y tres policías de utilizar intervenciones telefónicas caducadas, ya que estas se vencieron en octubre del 2015 y fueron usadas en septiembre del 2016, cuando la ley establece que tienen un período de seis meses, de lo contrario deben ser destruidas.

“La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, detalla que hubo ilegalidades en las escuchas telefónicas usadas por la Fiscalía y desconocemos si ese documento fue incluido por la FGR. También señalamos que nuestros clientes fueron citados a la FGR para un determinado procedimiento, aun sabiendo que ya tenían órdenes de captura en su contra, lo que significa que utilizaron métodos de engaños para privar de libertad a nuestros clientes”, afirmó Cortez