La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra.
Además, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El magistrado es quien decidió que el expresidente Francisco Flores saliera de la cárcel seis días antes de Navidad, y además le eliminó el delito de lavado de dinero.
Ahora, nuevamente emite una resolución polémica al modificar y revertir medidas contra algunos de los implicados en el caso Corruptela, donde figuran el expresidente de la república Mauricio Funes y el ex fiscal general Luis Martínez.
La decisión de la Cámara se da aún cuando cuatro fiscales y dos empleados administrativos han confesado en la Procuraduría de Derechos Humanos que el caso Corruptela fue fabricado por el exfiscal genera Douglas Meléndez y el fiscal Jorge Corte de la UIF, y que ellos fueron obligados a mentir como testigos criteriados.
En octubre pasado, la jueza Cuarta de Paz resolvió otorgar prisión provisional al exfiscal Martínez y al exjefe fiscal Julio Arriaza. Para los otros imputados decidió que continuaran el proceso en libertad.
En diciembre de 2015, el secretario General del FMLN, Medardo González, afirmó en un Análisis de Coyuntura, en radio Maya Visión, que el Magistrado que envió a Francisco Flores a la casa es militante del partido ARENA. “El señor abogado Guillermo Arévalo Domínguez, que es uno de los dos jueces con Carlos Sánchez, es un militante de ARENA desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del conflicto armado. Él es un militante de ARENA…tiene edad de jubilarse ya, sin embargo no se ha jubilado porque precisamente resuelve casos a favor de la derecha, y de ARENA como el que está resolviendo”, señaló González.
Una seguidilla de denuncias desde 2010
La primera denuncia en su contra es del 21 de octubre de 2010, cuando al magistrado Arévalo Domínguez decretó una resolución “injusta legal, sin tomar consideración los elementos de prueba que obran en el proceso; sino en vista de desaveniencias con el juez de instrucción de Mejicanos”, reza la documentación proporcionada por la UAIP.
El segundo caso data del 29 de septiembre de 2011, fecha en el que se denunció “abuso de autoridad, atribuyéndose funciones que la ley no le confiere, al haberse extralimitado en sus funciones y haber valorado prueba que únicamente le competen al juez de instrucción y haberse pronunciado sobre otros aspectos que la Fiscalía General de la República no solicitó, causando con ello el agravio a los imputados en el proceso penal 023-GP-2011 conocido en el Juzgado de Instrucción de Mejicanos”.
El 29 de junio de 2012, recibió una tercera denuncia que se tradujo en una investigación por “retraso en resolver el recurso de apelación en el proceso penal instruido en contra de Silvia Lorena Girón”.