Foto: Archivo, El Blog
Juan Carlos Rojas Rivas, un comerciante de gas propano fue condenado a un año de trabajo de utilidad pública, luego de que se comprobara que alteraba el peso de los cilindros que vendía a sus clientes.
Inicialmente la pena que era de un año de cárcel, fue remplazada por servicio comunitario por el mismo periodo de tiempo.
Adicional a ello, el Tribunal de sentencia de Usulután dio una condena civil en abstracto, es decir, que la empresa afectada deberá acudir a una instancia administrativa para reclamar la indemnización por daños y perjuicios.
El caso inició en 2019 y surgió tras la denuncia de empresa distribuidora de gas ante la Fiscalía General de la República. La empresa recibió alertas de clientes quienes se quejaban del peso inexacto de cilindros de gas, por compras realizadas en el establecimiento de distribución, que dirigía entonces Rojas Rivas, en la ciudad de Usulután.
Según el documento judicial, las denuncias se dirigieron contra el empresario y se presumió que el imputado realizaba trasiego de gas propano y cambiaba el sello de garantía.
El juicio se realizó con proceso abreviado, donde el implicado reconoció la comisión del hecho, además, se realizaron diligencias como inspecciones, allanamientos, compras con cobertura policial, incautación de evidencia y entrevistas con testigos.
