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Por: Redacción El Blog
12 mayo, 2021

En mayo de 2012, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicó un análisis sobre la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), titulado “Inconstitucional elección de magistrados”.

En dicha publicación, la UCA presentó cómo desde 2003, los diputados comenzaron con nombramientos ilegales de magistrados. 

“Sin embargo, la transformación del mecanismo y tiempos de designación comenzó en 2003. Ese año, la Asamblea Legislativa, al elegir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que haber escogido a dos para nombrarlos como magistrados de la Sala de lo Constitucional. En 2006, de los cinco magistrados electos, le hubiera correspondido escoger a un nuevo integrante a la Sala. En lugar de ello, la Asamblea completó la Sala con magistrados de otras. En la elección de 2003, movieron a una magistrada y a un magistrado elegidos en 2000 para la Sala de lo Constitucional. En 2006, trasladaron nuevamente a otro, nombrado en 2003. Lo anterior alteró el orden planificado en la elección de 1994”, reza el análisis.

La UCA también señaló que “según la Constitución, los magistrados de la Sala de lo Constitucional deben ser designados única y exclusivamente por la Asamblea Legislativa para ser miembros de esa Sala, y esa exigencia constitucional les da una legitimación constitucional y legitimación democrática derivada”.

Sin embargo, Rodolfo González y Belarmino Jaime no fueron elegidos por la Asamblea Legislativa como lo ordena la Constitución. Fueron impuestos en Casa Presidencial como resultado de una negociación. Tanto González como Jaime estaban vinculados al partido Arena.

Tampoco Jaime y González fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados, ni por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), únicas instancias que pueden proponer a la Asamblea candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El 4 de diciembre de 2013, sus otros compañeros Sidney Blanco y Florentín Meléndez, desecharon también todo tipo de demandas en contra de Jaime y González, y declaron ilegal cualquier comisión que investigara la elección, siendo juez y parte.

Luego, la Sala por medio de la resolución emitida el 17 de octubre de 2016, declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad planteada en contra Decreto Legislativo n° 71 del 16 de julio de 2009, en cuanto a la elección de los abogados José Belarmino Jaime y Rodolfo Ernesto González Bonilla, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional.

Ante eso, no hubo pronunciamiento de ningún cuerpo diplomático, de ningún país ante el atropello a la Constitución salvadoreña.

Solo la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) exigió su renuncia, pero Arena, Fmln, Rodolfo Parker y el Pcn se negaron, apoyados por Fusades, Anep, y sus medios de comunicación aliados, entre otros. Al contrario los denominaron “los cuatro fantásticos”, porque todos sus fallos los beneficiaron.

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San Salvador, El Salvador

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