Huberto Sáenz, presidente del movimiento de la sociedad civil Acción Ciudadana reiteró que, si existieron los delitos de coacción y asedio mental de empleados que fueron acosado por parte del exfiscal general Douglas Meléndez para fabricar pruebas en el caso “Corruptela”, esto debe investigarse y judicializarse.
De acuerdo con una denuncia interpuesta ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al menos seis fiscales auxiliares y dos empleados administrativos, durante la gestión del exfiscal general, Meléndez, recibieron amenazas para declarar como testigos criteriados en el caso conocido como “Corruptela” que involucra al exfiscal Luis Martínez y otras 30 personas, incluido el expresidente de la República Mauricio Funes.
Según externó Humberto Sáenz, dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) se debe transparentar lo actuado en los últimos meses, principalmente con lo relacionado a la utilización de herramientas jurídicas de las cuales se podría haber abusado.
“Se ha especulado mucho con la utilización, abusiva, de algunas herramientas en la FGR como el uso de testigos criteriados y los procesos abreviados, temas que han estado en boga recientemente. Hay determinar en cuántos casos se utilizaron y cuáles fueron los resultados”, explicó Sáenz.
El periódico dígital CronioSV publicó una información relacionada a las declaraciones de los Testigos criteriados, quienes acusaron a Meléndez de fabricar el caso “Corruptela” con el único fin de aspirar a la reelección como fiscal general para el período 2019-2022; sin embargo, no recibió el respaldo de ninguna fracción legislativa y en su lugar fue nombrado el abogado, Raúl Melara.
Sáenz respaldó las observaciones del entrevistador Ernesto López, quien le hizo ver que también había denuncias sobre acciones de coacción, coerción y asedio mental de empleados acosados. “De existir deben investigarse, deben judicializarse si es ese el caso, pero primero hay que determinar si esos abusos han sido cometidos”, indicó.
“No sabemos cuál es el universo de casos de delitos de corrupción que son tramitados por la FGR y en cuántos se utilizaron esas herramientas. Los datos podrían arrojar que no se hizo un uso adecuado, hasta ahora no se tiene”, reiteró. (Con información de La Noticia)