Por: Redacción El Blog

El alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson y su concejo municipal están usando todos los medios posibles para mantener “oculto” el contrato que firmaron con los colombianos para formar Teclaseo, a pesar de que son fondos públicos provenientes de los impuestos que se le cobra a los tecleños.

Ante la negativa del alcalde, el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, explique por qué ordenó trasladar de dirección o de unidad el examen especial o auditoría al contrato que d’Aubuisson y su concejo firmaron con la empresa colombiana para privatizar la recolección de la basura del municipio, del que extraoficialmente se sabe fue por 24 años, y están involucrados altos líderes del partido ARENA.

El abogado solicita además brinde dicha resolución en la que se decide el cambio del examen especial a otra unidad, así como el estado de avance de dicha auditoría.

“Sería bueno saber si todo el organismo de dirección compuesto por los otros dos magistrados tomó la decisión de hacer el cambio de dirección del examen especial, cuál es la base legal”, expresó el abogado.

Lemus Vásquez explica que la alcaldía tecleña mantiene en secreto los pagos que realiza a los colombianos, por lo que ha presentado un escrito a la presidenta del ente contralor para que se dé transparencia a la utilización de las tasas de Santa Tecla y cómo autorizó el concejo un “contrato oscuro”.

Unidad de Acceso a la Información Pública denegó información

El abogado Edgar Lemus también solicitó a la unidad de Acceso a la Información Pública de la alcaldía de Santa Tecla la copia del acuerdo municipal con fecha del 1 de noviembre de 2017, en el que se detallan las negociaciones entre la alcaldía y la empresa privada para la conformación de Teclaseo; sin embargo, negaron proporcionar los datos que deben ser del dominio público, y los clasificó como “confidencial”.

En la resolución la alcaldía declara: “al respecto se informa que se deniega el acceso a dicha información por encontrarse clasificada como Información Reservada”; lo que a criterio del profesional del derecho “es un total absurdo y contradictorio”, pues se trata de la prestación de un servicio público que brinda la municipalidad, donde están comprometidos bienes municipales y fondos públicos resaltó.

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San Salvador, El Salvador

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