Tomado de la NoticiaSV
El exfiscal general de la República, Douglas Meléndez podría ser sentado en el banquillo
de los acusados, luego que una Cámara admitiera la apelación presentada por el representante legal de la empresa QUIMAGRO, Antonio Vega, por el sobreseimiento que le otorgó el juzgado primero de Paz de San Salvador por el delito de omisión; así lo confirmó el presidente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas de El Salvador, Rogelio Canales, quien ha dado seguimiento al proceso judicial que por más de dos décadas a afectado al empresario salvadoreño.
La denuncia penal en contra del exfiscal Meléndez fue interpuesta por Vega, luego que el extitular del ministerio público decidiera engavetar una denuncia por presunto prevaricato en contra de los entoncesmiembros de la Sala de lo Constitucional: Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia, sobre quienes se realizó una solicitud de antejuicio para ser juzgados; sin embargo, no se inicióninguna acción penal en su contra.
“El exfiscal Douglas Meléndez no le dio curso a la , la engavetó, por lo que fue demandando por
incumplimiento del deber. Ante esto el fiscal actual, Raúl Melara pidió el sobreseimiento para el fiscal anterior, pareciera que lo está protegiendo”, dijo Canales en una entrevista televisiva.
El abogado constitucionalista enfatizó que tras la resolución del Juzgado Primero de Paz, que sobreseyó a Meléndez, el representante de QUIMAGRO apeló dicha decisión, la cual fue admitida. “Don Antonio presentó una apelación de esa resolución y la Cámara la admite y dice: ‘no, momento, aquí hay una omisión comprobada, aquí hay incumplimiento del deber’”, recalcó Canales.
El abogado destacó además que existe en la FGR la denuncia en contra de los exmagistrados. “Todavía persiste, vía aviso, la cuestión del prevaricato, que es una figura penal atribuible a jueces y magistrados que actúan favoreciendo o perjudicando con sus resoluciones, en razón de causarle un daño a alguien”, reiteró.
EL CASO QUIMAGRO
La denuncia sobre los magistrados tiene como base el proceder que tuvieron los exmiembros de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el litigio comercial entre la empresa QUIMAGRO y el banco Scotia Bank (antes banco de Comercio), luego que la institución financiera hiciera quebrar la compañía, según lo externó Canales.
Según detalló el abogado Canales, luego de una situación suscitada entre la empresa y el banco, en la década de 1980, el litigio mercantil generó una resolución favorable a la empresa en 2010, mientras que cuatro años más tarde, la Sala de lo Civil ordenó la disolución de la sociedad y obligó al banco a pagar una indemnización, la cual fue tasada en su momento en unos $44 millones; sin embargo, la Sala de lo Constitucional conformada por Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Belarmino Jaime resolvió revisar el falló y revocaron lo resuelto por la Sala de lo Civil, de la que dos de ellos habían firmado
en 2014.
“Los exmagistrados emitieron esa resolución sólo días antes de terminar su mandato, en francacontradicción de la ley porque ese proceso ya había sido declarado como cosa juzgada y ejecutoriada, esdecir, no podía tocarse más; sin embargo, ellos lo hicieron quién sabe por qué motivos”, cuestionóCanales.