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El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador dictó instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional contra Cristian Edgardo González Damián y Carlos Roberto Ramírez Navas.
A los procesados se les atribuye el delito de administración fraudulenta, en calidad de autores directos, en perjuicio patrimonial de una sociedad.
El 6 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió la denuncia interpuesta por el representante legal y propietario de la sociedad víctima, dedicada al transporte de carga.
El ofendido advirtió irregularidades financieras dentro de la empresa, en la que los imputados, Carlos Ramírez se desempeñaba como ejecutivo de clientes clave, y Cristian González, como contador.
Las inconsistencias se detectaron entre los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes por cientos de dólares.
Se registraron múltiples transferencias de dinero a favor de personas que no correspondían a empleados, proveedores ni prestadores de servicios de la empresa.
Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 durante 2023.
Mientras que a favor de Cristian González se registró un monto total de $82,779.69 en 2025, ambas justificadas como comisiones.
El propietario de la sociedad indicó que las cuentas bancarias eran administradas únicamente por él y los dos imputados.
Sin embargo, las transferencias se realizaron utilizando su usuario sin autorización, lo que generó un perjuicio patrimonial total de $1,304,455.48.
En audiencia inicial, la jueza valoró que hay indicios de la existencia del delito y la probable participación de los imputados, por lo que el proceso continuará a la etapa de instrucción.
