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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llegó este viernes a la Fiscalía como calidad de «ofendido» por dos casos judiciales que son calificados como penales.
Los casos son: uno por amenaza en su contra y por otro relacionado con la divulgación de audios de reuniones del Gobierno por parte de la exministra de Comunicación Patricia Navarro.
El primer caso se trata de una publicación en una historia en Instagram en la que una abogada identificada como Jimena Rueda hizo alusión a un francotirador al referirse a unas declaraciones del presidente sobre deforestación en el Caribe.
El otro caso se refiere a la grabación y difusión de audios de reuniones de Gobierno por parte de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, relacionados con supuestas irregularidades en el uso de una donación de 300.000 dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El mandatario costarricense calificó las grabaciones como “ilegales” y dijo que amplió ante los fiscales su declaración sobre el caso, en el que él considera a Navarro como una “criminal confesa”.