El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y avaló el impuesto a las grandes fortunas. Esto, tras descartar que sea confiscatorio y desproporcionado o que vulnere la seguridad jurídica.
El tribunal explicó que la votación sobre el recurso presentado en febrero de este año se ha saldado con una mayoría de siete frente a cuatro magistrados que han emitido un voto particular, ya que consideraban que el recurso debía admitirse: Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo, y Concepción Espejel.
El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.
El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso sostenía que este impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas de más de tres millones de euros provocará unas pérdidas a las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que frenará las inversiones extranjeras en la región.
El fallo del Tribunal descarta que se vulnere la autonomía financiera, ya que el impuesto sobre grandes fortunas “es complementario” al de patrimonio.
