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Francisco Antonio A. G., de 46 años, enfrentó una audiencia inicial por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica en perjuicio de sus hijos de 16 y 17 años.
La Procuraduría General de la República le asignó una cuota de $80 mensuales ($40 por cada hijo); sin embargo, la dejó de pagar porque afirmó que “no tenía trabajo”.
El acusado actualmente se dedica al alquiler de autobuses y realiza viajes al interior del país o al extranjero. La deuda, hasta la fecha, asciende a la cantidad de $2,560.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango, a petición de las partes autorizó la conciliación en el pago de $45.32 por espacio de cinco años y mantuvo la cuota de $80 mensuales. Es decir, que el hombre abonará $125.32 al mes.