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El diputado Jorge Castro y otros legisladores de la Comisión Especial que investiga el pago de sobresueldos en gobiernos anteriores presentaron cuatro avisos penales, para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie las investigaciones contra exfuncionaros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por recibir dichos estipendios.
Los exfuncionarios contra quienes se interpuso los avisos son los exvicepresidentes de la República, Ana Vilma de Escobar y Carlos Quintanilla Schmidt, el exdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, hoy director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
De acuerdo a la documentación presentada por los legisladores, el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, es señalado de recibir más de $4,000 mensuales, en concepto de sobresueldo, durante su segunda gestión como director general de la Policía Nacional Civil (PNC.

Mientras que Ana Vilma de Escobar, en su calidad de exvicepresidenta de la República por el partido ARENA, recibió sobresueldos por un monto de $10,000 mensuales.

Por su parte, el exvicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, es señalado de recibir $5,226 mensuales en concepto de sobresueldos, monto que negoció con el expresidente Francisco Flores para todo el período en el que estuvo a cargo de la vicepresidencia.

El exsecretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, recibió sobresueldos mensuales por un monto de $11,000. Incluso, se ha revelado que solicitó y recibió $3,400 adicionales para pagar la matrícula de su doctorado en el extranjero, argumentaron los miembros de la Comisión Especial.

“Este día, hemos cumplido parte de nuestro compromiso como Comisión por Sobresueldos, presentando cuatro avisos de exfuncionarios que han sido citados al seno de la comisión y que hemos encontrado indicios de posibles delitos” explicó el diputado Jorge Castro.
A partir de la presentación de los avisos, la FGR puede iniciar las indagaciones preliminares para determinar si existen indicios de delitos como lavado de dinero, evasión fiscal u otro ilícito para comenzar los procesos penales que correspondan.