Por: Anthony Flores

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó que el caso Centrum pase a la fase de instrucción sin ninguna medida cautelar para los exministros de Defensa David Munguía Peyés y Atilio Benítez, así como al expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson.

Esta fue la decisión del juez dada a conocer esta tarde de jueves luego de la audiencia inicial del caso desarrollada durante la tarde del miércoles. Esta resolución contrasta con la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de ordenar prisión para los imputados.

De acuerdo a la decisión del tribunal, los inculpados pasarán a la siguiente fase del proceso judicial, pero lo harán en libertad. Esto, a pesar que se había advertido que había riesgo de que alguno de los procesados huyera del país.

Los demás procesados en este caso denominado Centrum, son el Coronel Manuel de Jesús Romero, Héctor Abel Herrera Mejía y el reo ausente, General Rafael Melara Rivera. Todos vinculados a un caso de desfalco al Estado por medio de armas.

Según la acusación de la Fiscalía, esta investigación se originó en noviembre de 2019, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Ministro de la defensa René Mauricio Merino Monroy, por posibles hechos delictivo cometidos por antiguos ministros.

La FGR señaló, que los hechos iniciaron en agosto del 2011, cuando el entonces Ministro de Defensa Munguía Payés, ordenó que se realizará el informe de reevaluación de material de guerra, para sacar un inventario de armas que se podían incluir en una permuta de tipo subasta. Asimismo, al exfunfionario se le acusa de haber permitido el vencimiento de la fianza de $2,051,893.00 “sabiendo que los obuses no eran funcionales”.

Asimismo, el documento interpuesto detalla que supuestamente en el 2013, cuando el General Benítez, Ministro de Defensa de ese entonces, autorizó la formación de una directiva que sirvió de base para regular la permuta tipo subasta, de material de guerra obsoleto y en mal estado del inventario general de la Fuerza Armada.

Además, se le acusa de haber adjudicado la permuta a CENTRUM S.A de C.V, y que dentro de la subasta incluyeron 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3, las que supuestamente no tendrían que haber sido incluidas.

La fiscalía señala además que con el contrato, el Ministerio de la Defensa entregó en calidad de permuta 14, 930 armas de fuego, 27,721 cargadores, así como cartuchos y repuestos de fusil en mal estado, valorado en $2, 051,893.00.

Mientras tanto, a López Davidson, como Representante legal y dueño de CENTRUM S.A de C.V,, se le señala de ser el beneficiario directo de la permuta, en la que el Estado Salvadoreño salía afectado, porque presuntamente se benefició de armas y municiones del Ministerio de Defensa Nacional y de haber entregado Obuses en mal funcionamiento.

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San Salvador, El Salvador

Redacción

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